Sobre el proyecto

En aquellos países de América Latina que han vivido procesos de transición se impulsaron, ya sea desde los nuevos gobiernos en democracia o desde organizaciones sociales, procesos de verdad y justicia en distintos niveles. Uno de los pilares de estos procesos, además de los juicios o Comisiones de la Verdad, fue el trabajo sobre los archivos que daban cuenta de la administración de la violencia autoritaria, es decir, los Archivos de la Represión.

Los trabajos y disputas sobre los archivos, además del amplio debate público, produjeron normativas sobre la conservación y difusión de los materiales documentales, así como acciones y políticas de memoria. En el caso mexicano, la alternancia del 2000 no desató procesos similares, quedando en decisiones de la presidencia que en muy poco tiempo fueron sepultadas. No hubo políticas públicas respecto a la investigación, la búsqueda de la verdad, la justicia ni mucho menos la memoria o construcción de procesos pedagógicos contra la impunidad y por la no repetición de crímenes de Estado. Uno de los pocos destellos de la transición mexicana fue la transferencia, en 2002, al Archivo General de la Nación (AGN) de un vasto conjunto documental que  denominamos Archivos de la Represión, pertenecientes a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de la Defensa Nacional, que contiene documentos de la vigilancia y represión que el Estado mexicano desplegó entre las décadas de 1940 y 1980. Pese a que una parte sustancial del conjunto documental siguió y sigue siendo custodiado por los servicios de inteligencia gubernamentales, durante varios años estos documentos pudieron ser consultados de manera irrestricta por víctimas de la represión, periodistas, historiadores, familiares de víctimas, y personas interesas en esa parte de la historia reciente de México. Sin embargo, una década después de su entrega, en enero de 2012, fue expedida la Ley Federal de Archivos que a través de la categoría “documento histórico confidencial” justificó el retiro de estos documentos de la consulta pública directa, poniéndolos a disposición sólo a través del sistema de transparencia que, paradójicamente, se convirtió en un mecanismo para ocultar información relevante sobre la participación de estas instituciones en graves violaciones a derechos humanos: los documentos comenzaron a negarse, o se entregaron versiones públicas en las que se ocultaba hasta el nombre del presidente de la República.

A partir del 2014, la disputa pública por los archivos de la represión y por el derecho a saber, involucró a grupos de historiadores y organizaciones civiles que hicieron evidente el control autoritario que aún existe sobre la información histórica. Producto de esa disputa, surge el proyecto de Archivos de la Represión que aquí presentamos. Los documentos que componen este proyecto fueron obtenidos por historiadores y por comisiones estatales de la verdad, que a través de solicitudes de información, amparos o por medio de sus atribuciones y mandato, lograron obtener información sobre el actuar de dependencias y agentes de las secretarías de Gobernación y la Defensa Nacional en el periodo que va de 1950 a 1980, que enmarca las actividades de contrainsurgencia del Estado contra distintos grupos de la disidencia política, guerrillas o movimientos populares.

Los archivos de la represión sirvieron de soporte documental para posibilitar los procedimientos cotidianos de la dependencia a la que pertenecieron. En el caso del archivo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), perteneciente a la Secretaria de Gobernación, permitió contar con la información suficiente y en tiempo sobre los “enemigos” en turno, información que permitiera documentar su culpabilidad, permitir su captura y ejecutar la condena. El archivo de la DFS era consultado cotidianamente. Incluso de manera inmediata a la detención de una persona o grupos de personas, pues esto permitió verificar o cruzar datos contenidos en el archivo con la información que era extraída en la tortura. Quien se acerque a estos documentos no debe de perder de vista los objetivos centrales para los que fueron elaborados. Pues, pese a que al momento de ser consultados se encuentran fuera de su marco histórico-institucional, en ellos siguen operado las lógicas de poder que los constituyeron.

Los documentos que se ponen aquí a disposición pública no contienen toda la verdad histórica, pero forman parte importante de ella. No toda la información que estos documentos contienen narra verídicamente hechos, tomando en cuenta que hay información arrancada por tortura, o elaborada para distorsionar hechos. Sin embargo, son una ventana indispensable para conocer la forma en que el Estado mexicano conceptualizó a la disidencia política, las formas en que la combatió, y la lógica de violencia que impuso y que configuró prácticas violatorias de derechos humanos, incluso crímenes de Estado.Los documentos forman parte de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, ambas dependencias de la Secretaría de Gobernación, activas entre 1947 y 1985. Los archivos de estas dependencias se encuentran en el Archivo General de la Nación. Siendo documentos históricos se ha negado su publicidad, impidiendo el acceso efectivo al derecho a la verdad y contribuyendo a la impunidad que continúa desangrado a nuestro país.

En este sentido, el presente archivo —cuyos documentos originales se encuentran resguardados por el Archivo General de la Nación— tiene por objetivo organizar, difundir y preservar los documentos expuestos, dada su importancia histórica y por ser fundamentales para el derecho a la verdad de la sociedad mexicana al estar vinculados a violaciones graves de derechos humanos de acuerdo con la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, limitar su uso o divulgación, así como a oponerse al tratamiento de los mismos o revocarlos. Para verificar este procedimiento, visite nuestro Aviso de Privacidad.